FSIE ha analizado el Real Decreto 905/2025, que modifica la normativa sobre creación y reconocimiento de universidades (RD 640/2021), y, aunque reconoce elementos positivos, alerta de que responde a una lógica de control excesivo e intervencionista. Esta lógica podría afectar gravemente a la libertad académica, la competencia entre instituciones y la igualdad de oportunidades de los estudiantes.
Regulación sí, pero sin barreras ni dirigismo
Desde FSIE, valoramos positivamente que se mantenga una regulación y que se refuercen aspectos ligados a la investigación universitaria, que es una función esencial de la educación superior. También reconocemos como un avance el mayor control sobre las universidades virtuales, necesario para asegurar la calidad y transparencia en la expansión de la educación online.
Sin embargo, no compartimos el entusiasmo con que el Gobierno presenta la reforma. Lo que se esconde tras el discurso de "mejora de la calidad" es una clara intención de dificultar la iniciativa privada y limitar el pluralismo del sistema. Se imponen barreras administrativas y económicas que no favorecen la diversidad educativa ni el empleo en el sector.
Intervencionismo, incertidumbre y riesgo de elitización
Nos preocupa el carácter intervencionista del decreto, que impone un modelo homogéneo sin reconocer la diversidad de proyectos ni las singularidades autonómicas.
Los nuevos requisitos, como la masa crítica mínima o los avales económicos, pueden expulsar del sistema a proyectos locales o especializados, reduciendo la oferta educativa y perjudicando la innovación territorial. Consideramos injustificada la exigencia de avales económicos ante hipotéticos cierres, ya que no existen precedentes que justifiquen esta preocupación social. Esta medida puede aumentar la desconfianza de familias y estudiantes, afectando a la estabilidad de proyectos solventes.
Además, el endurecimiento de requisitos y la limitación de nuevas universidades pueden conducir a una concentración del mercado educativo y al encarecimiento de los estudios superiores. FSIE advierte que endurecer las condiciones para la iniciativa privada puede convertir la educación universitaria en un bien elitista, restringido a quienes puedan asumir sus crecientes costes.
Falta de participación y aplicación equilibrada
Lamentamos la ausencia de diálogo con los principales actores del sistema universitario: profesorado, alumnado y las propias universidades. Una norma tan profunda debería haberse elaborado con un proceso participativo y transparente.
Desde FSIE, subrayamos la necesidad de encontrar un equilibrio entre la intervención pública y la libertad de empresa. Defendemos una regulación rigurosa, pero también el derecho de las universidades, públicas o privadas, a desarrollar su proyecto educativo sin trabas ideológicas o administrativas.
El Real Decreto 905/2025 no debe convertirse en un instrumento para frenar la iniciativa educativa ni para recentralizar el sistema universitario. FSIE reclama una aplicación equilibrada, participada y técnicamente viable que garantice la calidad sin destruir la pluralidad.
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