Con la publicación de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, la Consejería mantiene esta grave discriminación, que se perpetúa desde 2009, al no incluirnos como beneficiarios de las medidas de apoyo para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales curriculares.
Los centros privados concertados forman parte, según la LEA, del Sistema Educativo Público de Andalucía, tal como se recoge en su artículo 3 punto 3 “El Sistema Educativo Público de Andalucía está compuesto por: … c) Los centros docentes privados concertados, sin perjuicio de la legislación específica aplicable establecida en el Capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y disposiciones que la desarrollen”.
Nos preguntamos por qué no se reconocen y valoran las iniciativas de innovación pedagógica y de investigación que desarrolla el profesorado de los centros concertados en igualdad de condiciones con sus homólogos de los centros públicos.
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