Tras una semana de curso escolar, marcada por la situación convulsa que estamos viviendo a causa de la pandemia, FSIE-Andalucía quiere hacer pública, a través de este comunicado, la situación que viven las decenas de profesionales, docentes y no docentes, de los centros privados y concertados de enseñanza y atención a personas con discapacidad, que han visto cómo las entidades encargadas de la prevención de riesgos laborales de sus empresas han ignorado sistemáticamente sus graves dolencias y los han obligado a incorporarse presencialmente a sus puestos de trabajo, poniendo en riesgo su vida y la salud de sus contactos más estrechos. Estos informes se basan en las directrices emitidas por Sanidad y Seguridad Social el pasado junio, en las que se afirma que el “riesgo comunitario es bajo o muy bajo”, pero que a día de hoy están totalmente desfasadas y no responden a la realidad de mediados de septiembre.
Fue el propio Ministerio de Sanidad quién publicó y clasificó los grupos de riesgo para personal con especial vulnerabilidad al COVID-19 (enfermedad cardiovascular, pulmonar crónica, diabetes, cáncer, embarazo, mayores de 60 años… etc.) e instó a los trabajadores que se encontraran en esa situación a no acudir a su puesto de trabajo; esta acción requiere de una solicitud de estudio de cada caso dirigida al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia empresa, que acreditaría (supuestamente) que pasaran a situación de incapacidad temporal asimilada a accidente de trabajo.
Durante los meses de verano, las personas especialmente vulnerables que desarrollan su labor en los centros educativos y de atención a personas con discapacidad han cursado sus solicitudes de estudio de su situación, presentando los correspondientes informes médicos y han ido comprobando con estupor cómo no eran ni tan siquiera sometidos a un reconocimiento médico y se les instaba a la incorporación presencial a su puesto de trabajo tomando las medidas adecuadas de protección, lo cual está causándoles en numerosos casos, una terrible angustia por su salud y la de sus contactos más estrechos.
FSIE-Andalucía ha puesto a disposición de sus afiliados afectados por este tratamiento injusto, potenciado y dirigido por las directrices del mismo gobierno que creó la idea de que las personas vulnerables podían pasar a situación de incapacidad temporal, los escritos de disconformidad con los informes emitidos por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y no dudará en emprender las acciones jurídicas individuales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores de los sectores en los que lleva a cabo su labor sindical.
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
