En primer lugar, queremos agradecer al Presidente y a toda la Comisión la invitación cursada a FSIE-Andalucía para participar en este debate, ya que es un asunto esencial para el bienestar de los profesionales, docentes y no docentes, que desarrollan su labor cada día en los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma.
Al ser esta nuestra primera comparecencia en esta nueva legislatura, nos gustaría explicar a los miembros de la Comisión que FSIE-Andalucía es un sindicato independiente y profesional, que ejerce su acción sindical en el sector de la enseñanza privada y concertada, así como en los centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Nos avala un 48% de representatividad sindical entre los trabajadores del Convenio de centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos, es decir, somos el sindicato más representativo de la enseñanza concertada.
Debemos iniciar esta intervención subrayando que consideramos muy importante que este nuevo gobierno decida “acometer las acciones oportunas para garantizar un ambiente saludable de nuestros escolares y del conjunto de la comunidad educativa, garantizándoles un ambiente confortable, en términos de temperatura, humedad y ventilación de las edificaciones”, tal y como se afirma en la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley.
Por otra parte, reiteramos la aplicación del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que dispone en su Anexo III textualmente:
“1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados”.
Además, en un informe emitido ayer mismo por la Organización Internacional del Trabajo, denominado: Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente, basado en datos climáticos, fisiológicos y de empleo, y que proporciona estimaciones, tanto actuales como previstas, sobre pérdidas de productividad a escalas nacional, regional y mundial, se aboga por que se redoblen los esfuerzos encaminados a la formulación, financiación y aplicación de políticas que permitan paliar los riesgos que provoca el estrés térmico y proteger a los trabajadores. Cabe destacar el fomento de infraestructuras adecuadas y el desarrollo de sistemas de alerta temprana para hacer frente a los fenómenos térmicos, así como la mejora de la aplicación de las normas internacionales del trabajo, en particular en la esfera de la seguridad y la salud en el trabajo, a fin de promover la formulación de políticas que permitan hacer frente a los peligros que provoca el calor.
Evidentemente todos coincidimos en que hay que dar un paso más y establecer los mecanismos de mejora de las condiciones térmicas y ambientales de todos los centros que componen el Sistema Educativo Público de Andalucía, sistema perfectamente definido en el artículo 3 de la LEA (Ley de Educación de Andalucía) y del que forman parte, los centros públicos y los centros privados concertados. En consecuencia, tanto el alumnado como los trabajadores de los centros concertados deben beneficiarse de la finalidad de esta Proposición de Ley.
Resaltamos esta idea porque en el texto actual detectamos cierta concepción subsidiaria del papel de la enseñanza concertada y estamos a tiempo de evitar que se discrimine gravemente a las familias, a los trabajadores y al alumnado de los centros concertados, si no se establece un principio de equidad en las medidas a adoptar en todos los centros del Sistema Educativo Público Andaluz. En la Proposición de Ley se nos considera como un apéndice, una excepción, que sólo recibirá financiación en situaciones extremas, pero que debe cumplir con los objetivos marcados en la ley, como se afirma en el artículo 2, punto 2.
FSIE-Andalucía va a reiterar hasta la saciedad, en este y otros temas educativos, que la Ley reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgánica de Educación establecen un régimen dual para la prestación del servicio educativo, en lo relativo a la enseñanza obligatoria y gratuita. Es decir, el sistema pivota sobre dos ejes, la enseñanza privada concertada y la enseñanza pública. El Tribunal Supremo ya ha declarado reiteradamente que no resulta de aplicación el principio de subsidiariedad de la enseñanza privada concertada con respecto a la pública: “Esa afirmación no puede compartirse porque es contraria a la letra y al espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación”. En consecuencia, FSIE Andalucía insta y luchará porque los recursos humanos y económicos lleguen de manera justa y equitativa a todos los centros del Sistema Educativo Público Andaluz.
Recordemos que con la puesta en marcha de los conciertos educativos se articuló un sistema de financiación pública para hacer efectivo el principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria. Los Presupuestos Generales del Estado establecen unos módulos económicos con tres partidas definidas en el art. 117 de la LOE: Salarios del personal docente, Gastos Variables (para abono de antigüedades, sustituciones, complementos de cargos directivos, etc.) y Otros Gastos (para abono de salarios del Personal de Administración y Servicios, y las ordinarias de mantenimiento, conservación y funcionamiento de instalaciones, así como reposición de inversiones reales)
Estos módulos económicos marcan las cantidades mínimas y desde 1986 se han ido actualizando en función de las previsiones del IPC, por lo que hasta el Consejo Escolar del Estado ha llamado la atención de la insuficiencia de estos recursos, que requieren una revisión urgente. De esta situación se deriva que las Comunidades Autónomas se han visto en la necesidad de incrementarlas para proporcionar a su población el servicio educativo de calidad que necesita. La Ley Orgánica de Educación estableció en 2006 una disposición adicional para crear una comisión con “las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad”. Cuestión que en modo alguno se ha solventado todavía, a pesar de que la alternancia política ha hecho ostentar el gobierno de la nación a partidos de muy distinto signo e ideología.
En consecuencia, y ante la falta de una financiación adecuada y suficiente del coste plaza escolar en los niveles obligatorios, no podemos estar de acuerdo con la idea de que se circunscriban las ayudas propuestas en esta Ley, sólo a determinados centros en los que se escolarice alumnado de familias con rentas bajas o en zonas desfavorecidas.
Este modo de actuar, si llega a realizarse, podría dar lugar a situaciones de desigualdad, dependiendo de la zona en la que se encuentre el centro educativo.
No entendemos cómo en función de un criterio económico, que no justifica las decisiones que se pretenden tomar, se puede explicar a la sociedad y a las familias que sus hijos e hijas recibirán la educación que han elegido para ellos, en unas condiciones térmicas y ambientales óptimas en algunos casos e inadecuadas en otros.
Por lo que solicitamos al gobierno andaluz, que emprenda una decidida apuesta por ir avanzando en la mejora de dichas condiciones de forma equitativa en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
En Sevilla, 2 de julio de 2019
Accede al TEXTO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY (pág. 53) en el ENLACE
Puedes ver el video de la Comparecencia de FSIE Andalucía a cargo de D. Rafael Martínez Fernández en el
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
