Ante la consulta pública iniciada con carácter previo a la elaboración del Proyecto de Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y del Proyecto de Orden por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
FSIE-Andalucía hace las siguientes consideraciones:
1.- Valoramos positivamente toda medida que pretenda favorecer el derecho constitucional de las familias a elegir el tipo de Educación que quieren para sus hijos y, en este sentido, la eliminación del actual sistema de zonas de escolarización puede favorecer el acceso al centro educativo más acorde con sus necesidades, creencias, tradición familiar y costumbres.
2.- Consideramos que la planificación de la red educativa debe adecuarse a la demanda de las familias, por lo que la progresiva flexibilización del acceso a la escolarización ha de ser un indicador claro del número de unidades que deben funcionar en cada centro educativo, dependiendo de las solicitudes recibidas sin estar sometidos, a priori, a ninguna limitación administrativa de las mismas sino al criterio de la libertad de elección de centro. Todo ello enmarcado en una bajada de ratio que contribuya a mejorar la calidad educativa y reducir las tasas de abandono escolar en nuestra Comunidad Autónoma.
3.- Creemos imprescindible, para el adecuado cumplimiento de la Medida 71 del Pacto de Gobierno suscrito por el PP y Ciudadanos: “Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos…”, la puesta en marcha de un Acuerdo de recolocación para el profesorado de los centros concertados afectado por una posible pérdida de unidades, con el fin de que el principio de libre elección de centro no suponga un perjuicio a las condiciones laborales de los profesionales de los centros concertados, que resultarían discriminados respecto a sus compañeros de los centros públicos, ya que una supresión de unidad en un centro público supone un traslado y en un centro privado concertado un despido o reducción de jornada.
4.- Reclamamos la dotación de los mismos recursos humanos y económicos en todos los centros sostenidos con fondos públicos, con el fin de garantizar el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro, atendiendo a una adecuada y equilibrada distribución del alumnado entre los centros sostenidos con fondos públicos y a la demanda social, ya que los trabajadores de los centros concertados vienen desarrollando su labor educativa desde hace muchos años en inferioridad de condiciones respecto a los de los centros públicos y difícilmente un sistema puede ser equitativo si no se elimina la desigualdad entre los profesionales, docentes y no docentes, del Sistema Educativo Público de Andalucía.
5.- Solicitamos la garantía de prioridad en la admisión de los hijos de los trabajadores en su propio centro, que a día de hoy no está regulada correctamente en el Decreto en vigor, conforme a la literalidad del artículo 84 de la LOE, impidiendo, en algunos casos, el ejercicio de este derecho que contribuye a la conciliación de la vida familiar y laboral de los profesionales de los centros concertados.
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