En un documento registrado a la Atención de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía, FSIE Andalucía EXPONE:
1- Que, tras la publicación de la Resolución de 18 de diciembre de 2024, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, se encuentra abierto el plazo de alegaciones al Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado.
2- Que, según el artículo 8 del Proyecto de Decreto, la Consejería competente facilitará “la adecuada protección y asistencia jurídica gratuita, respecto del personal docente de los centros docentes públicos no universitarios, así como del personal perteneciente al Cuerpo de Inspectores de Educación, por hechos que se deriven de su ejercicio profesional”. Esta redacción excluye al personal docente de los centros concertados de dicha protección jurídica, generando una discriminación entre trabajadores del sistema educativo público andaluz.
3- Que, en contraposición, el artículo 13 del mismo Proyecto de Decreto establece la asistencia psicológica para todo el personal docente que presta servicios en centros sostenidos con fondos públicos (donde se incluye al personal docente de los centros privados concertados) para los casos vinculados con lo previsto en la sección de la asistencia jurídica. Es decir, que no se reconoce el derecho a la asistencia jurídica pero sí a la psicológica.
4- Que, conforme al artículo 3.3 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, los centros concertados forman parte del sistema educativo público andaluz, garantizando el acceso de su alumnado al mismo sistema de derechos y obligaciones que rige para los centros de titularidad pública.
5- Que el preámbulo del Proyecto de Decreto establece que “disponer de un profesorado que cuente con el mayor prestigio social posible, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad” es una condición esencial para un sistema educativo equitativo y de calidad. La exclusión de los docentes de centros concertados de la asistencia jurídica es contraria a este principio de equidad, dado que estos profesionales enfrentan los mismos desafíos y situaciones derivadas de su ejercicio profesional que sus compañeros de los centros públicos.
En base a lo expresado anteriormente, FSIE Andalucía SOLICITA:
Que esta Dirección General modifique el artículo 8 del Proyecto de Decreto para incluir explícitamente a los docentes de los centros concertados como beneficiarios de la asistencia jurídica en igualdad de condiciones que los docentes de los centros docentes públicos no universitarios y el personal perteneciente al Cuerpo de Inspectores de Educación.
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FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA