En un documento registrado a la atención de la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, FSIE Andalucía EXPONE:

1. En la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Inclusión en el sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación) se establece que el alumnado de Formación Profesional en prácticas formativas cotizará a la Seguridad Social, a partir del 1 de octubre de 2023.

2. Posteriormente, en el Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio de 2023 se aplazó la entrada en vigor al 1 de enero de 2024.

3. Esta medida perjudica irremisiblemente a la Formación Profesional andaluza, ya que las empresas que deben acoger al alumnado en prácticas deberán asumir el coste de las cotizaciones a pesar de que dichas prácticas no son remuneradas. Es lógico anticipar que muchas empresas no van a aceptar alumnado en prácticas si esto conlleva un coste, más aun teniendo en cuenta que el tejido de nuestra Comunidad está compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas.

4. La realización de estas prácticas es obligatoria para obtener el título, por lo que, si el alumnado no lo consigue por circunstancias ajenas a su rendimiento académico, la demanda de solicitudes de matriculación disminuirá y con ella los puestos de trabajo de los profesionales de los centros que imparten Formación Profesional.

5. Otras Administraciones, como la de la Comunidad Valenciana, han garantizado que asumirán las obligaciones de Seguridad Social, es decir, la gestión del procedimiento de altas y bajas, así como el coste de la correspondiente cotización. Para ello, han previsto en el proyecto de presupuestos del año 2024 la partida presupuestaria correspondiente.

En base a lo expuesto anteriormente, FSIE Andalucía SOLICITA:

Que la Administración educativa andaluza establezca una partida presupuestaria para 2024 que permita asumir tanto la gestión del procedimiento de altas y bajas como el coste de las mencionadas cotizaciones para garantizar que el alumnado de Formación Profesional pueda realizar las prácticas obligatorias establecidas, necesarias para poder titular, manteniendo e incluso fomentando la demanda de solicitudes de matriculación, lo que propiciará el sostenimiento de los puestos de trabajo de docentes y no docentes de los centros educativos que imparten Formación Profesional en nuestra Comunidad. 

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